BUKELE PONE MANO DURA A LAS PANDILLAS

Los presos son su moneda de cambio

Vuelve a ser noticia polémica el presidente millenial de El Salvador. A pesar de ser promercado, se encuentra con el antagonismo de las potencias regulamentadoras del norte que gustan de autodenominarse “comunidad internacional”. Ante las acusaciones de autoritarismo, le gusta recordar que fue la misma democracia liberal que ellos predican quién le otorgó mayoría en la asamblea, y por tanto control del legislativo. En otras palabras, el pueblo le habría dado el poder a su partido de hacer los cambios que considere necesarios.

Sin embargo, esas acusaciones no parecen injustificadas, pues en cualquier otro país, las recientes medidas tomadas por Bukele parecen una transgresión al Estado de Derecho y además contra productivas para la seguridad. Sin afán de ser el abogado del diablo, vale analizar la situación concreta de El Salvador, país cuya inseguridad afecta la vida de los ciudadanos de formas que canadienses y noruegos no tienen suficiente imaginación para entender. Encima, la naturaleza de la inseguridad del Salvador es completamente diferente a la que existe en el resto del continente.

Tras múltiples intervenciones gringas impidiendo el libre albedrio o soberanía del territorio salvadoreño, pasa lo natural, los habitantes emigran buscando mejores oportunidades, los problemas que los gringos exportan, se importan hacia su tierra. En el país de la libertad, quienes escaparon del conflicto armado se encuentran con que los barrios están dominados por pandillas organizadas racialmente, para defenderse de ese dominio, forman sus propias pandillas de afiliación étnica. A medida que iban encarcelando miembros, crecían estas pandillas justamente por la cultura pandilleril del sistema carcelario del país del águila.

Al final del conflicto armado (81-82), los pandilleros vuelven, ya sea respondiendo al llamado de sus raíces, o deportados por lo gringos hacia un estado con jóvenes fertilizados dentro de la guerra y la violencia facilitando la germinación de la cultura pandillera en su psiquis. A diferencia de su clásico ladrón de barrio que muchas veces responde ante la necesidad o la exclusión social, estas pandillas se conforman en organizaciones criminales que buscan controlar territorios imponiendo sus reglas por encima de las del estado, con el objetivo económico de extraer el valor agregado perteneciente a la población. Lo siguiente es parte de la conclusión de una investigación hecha sobre la insurgencia pandillera en El Salvador (Hecht, 2017):

“Se ha establecido que las pandillas en El Salvador (MS-13 y Barrio 18) presentan todas las características de lo que teóricamente se conoce como una insurgencia criminal (IC). En este sentido, su única motivación es el obtener autonomía y control económico de partes del territorio del país con el objeto llevar a cabo sus actividades criminales en total impunidad y beneficiarse económicamente de sus actividades ilícitas. Consecuentemente desafían y confrontan al poder estatal para liberarse de su control.

Asimismo, se ha logrado comprobar que las pandillas amenazan la viabilidad del Estado salvadoreño al generar inestabilidad en el país, reducir la capacidad estatal de controlar partes del territorio nacional y erosionar la legitimidad y la soberanía nacional.”

Según el BID, los estudios estiman que la criminalidad tiene un costo para el país del 15% al 20% de toda su producción; supera de largo al presupuesto de salud y educación. Agréguenle que estos estudios solo logran tomar en cuenta costos del tipo salud, justicia, policía, seguridad privada; y pérdidas materiales que sufren los negocios ya sea por robo o extorsión para permitirles operar. No se logra cuantificar el dolor de los cuerpos desalmados prematuramente ni las perdidas asociadas al cambio de comportamiento en la población; calles vacías pasado las 6 de la tarde. ¿Cuántos encuentros amorosos no pasaran del WhatsApp por miedo a transportarse? ¿Cuántos celebrarán su amor prematuramente para escapar de ese problema?

Bajo esta perspectiva, para el gobierno de El Salvador las pandillas representan un contrapoder político con enormes costos económicos y sociales. De la misma forma que con el narcotráfico, el estado puede negociar la tranquilidad de su población de dos formas, haciendo acuerdos que mantengan la paz y les permita operar, es decir aceptar la extorsión de los negocios, o con mano dura, respondiendo a la violencia con la misma moneda. En ese sentido, Bukele busca mantener a las pandillas controladas a través del control de sus integrantes en las cárceles. No solo a través del miedo sino por los lazos de amistad existentes dentro de las mismas. Usa el trato a los presos como su moneda de cambio.

Es una estrategia peligrosa pues renuncia de cierta forma a la rehabilitación de los criminales. Como dijimos, no tendría sentido en ningún otro país, pues el ladrón del barrio poco le interesa el colega que perdió la libertad en la ruleta rusa del crimen. Frente a una situación atípica se aplicaron medidas atípicas seria la explicación que daría quién justifica a Bukele, Lo que de afuera se ve como dictadura, por dentro es recuperación de la soberanía estatal, seguiría el dialogo.

Por otro lado, los peligros de estas practicas son las mismas que las de las pandillas, las de perder el estado de derecho, pues no se puede obviar que, sin el debido proceso, el contrincante político pueda etiquetarse de pandillero con facilidad. He ahí la disyuntiva que se repite históricamente, los abusos de poder justificados pronto suben a la cabeza de quien los encabeza ¿Sera Bukele diferente?

Referencias

Acevedo, 2008, “Los costos económicos de la violencia en El Salvador”

BID, 2021, “El costo del crimen para las micro y pequeñas empresas en El Salvador”

Juan Ricardo Gómez Hecht, 2017, “Las Pandillas en El Salvador: ¿Un Nuevo Tipo de Insurgencia?”