ANÁLISIS DEL PARO EN ECUADOR

A un “choque idiosincrático” de la guerra civil

El pasado 13 de Junio, la confederación de nacionalidades indígenas (CONAIE) decidió que la situación del país ameritaba un paro de sus integrantes, el campo ya no estaría aguantando el plan del FMI implementado por el gobierno que prometió “el encuentro” en Ecuador. El desmantelamiento del Estado es un hecho, todos los servicios ciudadanos tuvieron perdidas de eficiencia meteóricas, sacar cédula o licencia pasó de ser trámite de par horas a par meses. Se reduce la regulación y la competencia bancaria al reducir los activos de bancos estatales; todo eso mezclado a la coyuntura internacional obliga a la recesión económica. En definitiva, existe un ambiente de incertidumbre y frustración que la CONAIE aprovechó para reforzar su agenda política.

Primero, recordemos que los políticos son probablemente quiénes menos escapan a la premisa económica del animal racional y egoísta, eso debido a que el sistema político, por su naturaleza, selecciona a personas más corruptas que el ciudadano promedio. La inversión que necesita la postulación política suele ser mucho más alta que el sueldo, en especial, si te venden el cargo en algún ministerio. En pocas, si no robas en política, es un trabajo que pagas por hacer. Para mayor entendimiento, pueden leer nuestro MANIFIESTO POPULISTA.

Por tanto, si bien los humanos en su agregado no siempre persiguen su egoísmo, el político casi siempre, siendo esta la razón por la cual la economía política es una de las ramas de la materia donde más coinciden teoría y práctica. Por tal razón, evitaremos insertar las características psicológicas e individuales de los líderes en nuestro análisis, sin embargo, no obviaremos las condiciones de los diferentes colectivos que componen este país.

Recordemos primero que la oposición tiene mayoría en la asamblea, mientras el oficialismo solo ha bajado en popularidad desde que comenzó su mandato. El Ecuador se encuentra en el puesto 105 de percepción de corrupción, por debajo de Colombia y Brasil, empatado con Perú. Tenemos entonces una asamblea de oposición, que encima no quiere verse asociada al gobierno para evitar contagiarse de su impopularidad (a pesar de ser ellos el órgano del estado peor visto). Pocos son los proyectos de ley que pueden pasar en estas condiciones, en especial si el ejecutivo tampoco teme usar su poder de veto como sucedió con la ley que regulaba los derechos de bancos y telefónicas.

OH CASUALIDAD, OH COINCIDENCIA, OH DESTINO, a pocas semanas de un paro anunciado, la asamblea logra acordar una sola cosa, la ley del uso legítimo de la fuerza. En teoría, seria una medida desesperada ante la ola de delincuencia que sufre el país. Sin embargo, si algo pude notar presenciando las protestas de América Latina, es que la policía es una institución que prefiere fajar manifestantes que delincuentes, pues de la delincuencia viven. Cuando la inseguridad explota, el presupuesto policial también.

En una medida que tanto la izquierda como la derecha moderada consideraron un error, Lasso metió preso al presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, para a los pocos días, soltarlo por mal procedimiento jurídico. Capturar al “líder de la rebelión” de forma ilegal es inequívocamente un acto que irá inflamar las protestas. Que el golpismo está en el aire es como mínimo un pensamiento que ronda las cabezas de manifestantes, ciudadanía y gobierno.

Muy fácil seria decir que el gobierno cometió un error político, sin embargo, viendo la acumulación de circunstancias aquí presentadas, adicionándole a eso que vivimos en un sistema político donde para ganar se necesita una pequeña base sólida que te lleve a segunda vuelta (artículo aquí), podemos esperar que tanto lo más extremo de la derecha, como lo más extremo de la izquierda, deseen que el conflicto escale y se radicalice para polarizar más a la sociedad, y así adherir simpatizantes, con ayuda del algoritmo de las redes sociales repartiendo videos y opiniones de la forma más personalizada y unilateral posible (artículo). No es coincidencia que, desde el comienzo del paro la violencia tanto policial como civil solo vaya en aumento.

El enfrentamiento entre estado y manifestantes es normalmente un mecanismo que permite mostrar el poder de negociación de cada uno, tristemente no se puede negociar con un paro hipotético, las partes necesitan mostrar los dientes para conseguir lo máximo del dialogo que no debería tardar en llegar, si no fuese porque las dos partes también tienen una conveniencia política en la radicalización, en que sus apoyadores reciban imágenes que muestren la salvajería del otro. Las políticas de cuidado de los indicadores fiscales, pero descuido de la población, generaron un ambiente propicio para que suceda el paro, la CONAIE aprovechó, y este parece atraer cada día más gente y más demandas.

Son cálculos peligrosos los que hacen los lideres, pues el Ecuador se encuentra a un choque idiosincrático de la caída del presidente, o incluso de una guerra civil, el diálogo por el que la gente votó ya está demorando en llegar. ¿Se pueden atender los pedidos de la CONAIE? Aquí lo analizamos.

El primero y más recurrente es el de congelar y hasta bajar los precios del combustible.

En un artículo anterior ya explicamos la importancia de la credibilidad para las revoluciones. En octubre 2019, liderados por Iza, tal como hoy, ya se comenzó un paro indígena que no creía que el subsidio a la gasolina fuera a ser focalizado. Hoy nuevamente, al comprobar la mentira, piden  reducir el precio de la gasolina y la focalización del subsidio.

El precio de la gasolina suponía seguir el ritmo del precio del petróleo, sin embargo, sin nunca aumentar en más de 5% mensual, hasta seguir los precios del mercado internacional. Una política que denota la falta de industrialización del país, pues el petróleo sería tan solo un bien de exportación, cuando sube el precio de este, también sube el precio de importar gasolina. Lástima que la refinería del pacifico acabó siendo nada más que un terreno baldío.

La realidad del subsidio a los combustibles es que es regresivo, sirve más a los ricos que a los pobres, pues estos suelen gastar más gasolina al igual que más gas. Va contra la lógica redistributiva que demanda la fiscalidad del estado. Sin embargo, al encarecer todos los bienes, se siente en todos los hogares, y a pesar de usar menos gasolina, los campesinos y los pobres lo sienten más, pues mientras menos se tiene, más vale cada centavo.

Esto explica la paradoja de que, con la eliminación del subsidio, los ricos pierdan más en valores absolutos, pero sean los pobres, quienes pierden mayor utilidad, quienes se quejen. Si tan solo los gobiernos hubieran hecho el esfuerzo de aprovechar los ahorros del subsidio para generar programas sociales, hoy no estaríamos en esta situación, sin embargo, el plan del FMI era otro: guardar el dinero en las reservas, dar seguridad a los inversores internacionales.

Además, quitar el subsidio al combustible es el primer paso hacia la demanda primaria de las organizaciones amazónicas: parar el extractivismo. En ese sentido, nuevamente, el pedido de rebajar el combustible parece una medida inconveniente para todos, que se hace simplemente por la falta de credibilidad del estado. Lo ideal seria que el gobierno transparente el ahorro mensual que hace de ese subsidio y que demuestre su focalización hacía el sector de transportes, campesino y programas sociales de forma a que no afecte los precios de los demás productos. Como era de esperar, el gobierno prefirió ceder al congelamiento de precios de la gasolina, una vez más lo urgente destrona a lo importante.

El segundo pedido es que se renegocien las deudas de 4 millones de familias permitiendo moratorias de por lo menos un año con una reducción de la tasa de interés. También que se prohíba el embargo de los bienes como casas, terrenos y vehículos por falta de pago.

Este es un pedido que necesitaría un análisis de todo el sistema financiero y regulatorio, por lo que me abstendré de comentar sobre la primera parte, la cual a primera vista parece inviable. Sin embargo, la reducción de tasas de interés fue promesa de campaña.

Convengamos que, si la izquierda busca el crecimiento a través del gasto público, la derecha supone buscarlo a través de la inversión. Sin embargo, a pesar de reducir el gasto, el gobierno subió los impuestos, es decir impide posibles inversiones del bolsillo de la gente, y además mantiene tasas de préstamo que impiden la viabilidad financiera.

Por tanto, en la segunda parte, El Paro tiene razón de ser, pues no se está adoptando ninguno de los dos modelos de crecimiento posibles, al contrario, se está mermando la inversión tanto pública como privada. En un primer instinto, es contradictorio pedir reducción de tasas de interés a la vez que se pide no se cobren los colaterales de los préstamos, siendo justamente estos los que reducen el riesgo de los bancos, reduciendo el costo del crédito.

Sin embargo, el Estado puede estructurar sistemas de garantía tanto públicos, como privados a través de reducción de impuestos, que permitan multiplicar los préstamos a los pequeños empresarios reduciendo el interés. Hay ejemplos de esto en todo el continente, en Chile una garantía de la banca pública (FOGAPE) por 3.000 millones de dólares sirvió para movilizar 24.000.  Siendo Lasso banquero, uno podría esperar que tenga conocimiento de los instrumentos financieros que fácil y barato pueden cumplir con parte de los pedidos. Nuevamente, el pedido de la CONAIE es viable solo a medias, aunque necesario en su parte viable.

La propuesta del gobierno es que BanEcuador condone los créditos vencidos hasta 3.000 USD y aumento del bono de desarrollo humano a 55 USD. Estas medidas parecen responder directamente a las demandas del paro, aunque se esté (como siempre) usando la capacidad de préstamo de la banca pública de instrumento político, volviéndola ineficiente. El aumento de 5 dólares en el bono será una buena noticia para los beneficiarios, especialmente dado que serán quienes más sufren la inflación. Sin embargo, no deja de ser una medida populista que no responde realmente a los problemas estructurales, que servirá para consumo y no para inversión.

El tercer pedido es precios justos para los productos del campo y dejar de cobrar regalías para las flores.

La inflación por la guerra en Ucrania y las posteriores sanciones a Rusia es un hecho mundial. Como pueden ver en este artículo, Rusia era proveedor de fertilizantes, los cuales aseguran la eficiencia y la supervivencia de los cultivos. Para los campesinos ecuatorianos esto es especialmente problemático pues es de los pocos sectores donde existe una competencia real, frutas y verduras se venden en carreteras, esquinas y semáforos. Tal nivel de competencia mezclado a la incertidumbre de la cosecha sin fertilizante hace que solo algunos afortunados puedan obtener ganancia mientras otros no puedan ajustar sus precios a la suerte de la cosecha.

El tema de la regalía de las flores tiene que ver con el pago por uso de la variedad de exportación, el cuál representa cerca de un 30% de los costos de producción inicial, sin un estudio completo es imposible dar una opinión informada (contrátenme).

Ante las protestas causadas por esta conjetura mundial, el gobierno propone subsidiar hasta un 50% del costo de la Urea, permitiendo así a los agricultores recuperar la eficiencia y la certidumbre. Aprobamos la medida. También proponen créditos agrícolas de hasta 5.000 USD con 1% de interés a 30 años, lo cual podría permitir al campo invertir y relanzar las actividades, de cierta forma es también una respuesta al punto anterior al ofrecer tal tasa de interés. Aprobamos, aunque cabe recalcar que el plazo de 30 años puede terminar siendo engañosamente caro para personas con poca educación financiera.

También, el subsidio a la urea resulta una solución de corto plazo que podría ser complicada de quitar una vez acabada la guerra; podríamos convertir el panorama mundial en una oportunidad al intentar promover la producción de fertilizantes localmente, hasta convertirnos en el proveedor de América Latina. Difícil pedir soluciones estructurales a gobiernos y ciudadanos miopes.

El cuarto pedido es por empleo y derechos laborales. Políticas e inversión pública para frenar la precarización laboral y asegurar el sostenimiento de la economía popular. También, exigen que el estado pague sus deudas con el seguro social.

Ante lo ambiguo del pedido, nos daremos la libertad de interpretar. Parecen pedir un modelo Keynesiano de crecimiento del empleo a través de la inversión pública, si bien se demostró bajo el correísmo que es una forma económicamente buena y políticamente peligrosa de mantener el empleo, se debe aceptar que en estas elecciones ganó la derecha, por lo que el crecimiento a través de inversión privada sería el camino, crecimiento el cual se derivaría justamente de las bajas tasas de interés del pedido anterior.

Como verán, en teoría, no se puede aplicar los dos modelos al mismo tiempo porque según dicta el conocimiento económico clásico (modelo de Ramsey e IS-LM), el gasto público eleva la tasa de interés de equilibrio. Aun así, es justo puntualizar que en mayo de este año salió un artículo que estudia esta relación en Estados Unidos, y la desmiente, esto se debería a que la producción fue determinada por la demanda. Tanto le relación como la independencia de estas variables puede ser una realidad en fecha y lugar determinados, la economía no es una ciencia lineal. Elijo mantenerme con la relación de Ramsey, pues ciertamente estamos en una coyuntura mundial donde la cantidad de producción esta determinada por la oferta (o la falta de esta).

De ahí en más, que los derechos laborales crezcan siempre es buena noticia, pues es INNEGABLE que todavía existen relaciones laborales de explotación, sobre todo cuando se tiene a disposición un ejercito de desempleados esperando hambriento por el puesto del explotado. De igual forma, pedir que el estado cumpla con las deudas que tiene con la seguridad social es justo, pues es inaceptable que los aportantes del seguro vayan a hospitales sin medicina mientras el dinero descansa en los cofres del banco central.

El gobierno respondió con libertad de sindicalización y organización de la clase trabajadora, lo cual no es una ampliación de derechos en sí, pero la posibilidad de negociación colectiva es esencial para el crecimiento de esos derechos, y que mejor que sean los trabajadores mismo, quienes tienen mayor información sobre su situación, quienes elaboren sus reclamos. Aprobamos. Sin embargo, queda pendiente el pago al IESS.

El quinto: Moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera/petrolera, auditoría y reparación integral por los impactos socioambientales. Para la protección de los territorios, fuentes de agua y ecosistemas frágiles.

Pedido cuya importancia puede entender leyendo nuestro artículo “CADA BENDICIÓN ES UN 7 A 1 DIFERENTE”. El extractivismo no ha sido para ningún país la vía al desarrollo sino todo lo contrario. La realidad es que del petróleo usufructúa todo el país, pero de su extracción solo sufre el oriente, parece justo una restitución por los impactos sufridos, y sería beneficioso para el país comenzar a desarrollar su capital humano en vez de explotar sus recursos naturales (el extractivismo genera mecanismos que frenan la educación). El gobierno no se pronunció al respecto, pues Lasso ya dijo que quiere sacar hasta la última gota de esta maldición que nos dejaron los dinosaurios al extinguirse.

Sexto: Respeto a los 21 derechos colectivos: Educación Intercultural Bilingüe, justicia indígena, consulta previa, libre e informada, organización y autodeterminación de pueblos indígenas.

La cohesión social es elemental para el funcionamiento de una sociedad (artículo), por lo que apoyamos las políticas que la refuercen. Sin embargo, sería mejor adaptar la justicia indígena y la ordinaria para que funcionen juntas en vez de someter diferentes personas a diferentes regímenes jurídicos. El gobierno propone duplicar el presupuesto de educación multicultural bilingüe. Aprobamos.

Alto a la privatización de los sectores estratégicos, patrimonio de los ecuatorianos/as. (Banco del Pacífico, hidroeléctricas, IESS, CNT, carreteras, salud, entre otras.)

El desmantelamiento del estado es un hecho, el banco del pacifico no se ha vendido, pero ya se liquidaron sus activos, por lo que el estado pierde su competidor interno, que sirve de regulador del sector financiero, justo cuando esta en manos de un banquero. Cada privatización merece su propio análisis, sin embargo, concordamos que en los bienes públicos citados es esencial la participación del estado para asegurar su cobertura. En muchos casos no es necesario un monopolio, pero si un competidor que regule desde adentro, sin imponer reglas, solo maximizando el beneficio social en vez del personal. El gobierno demostró cordura en este punto y promete no habrá ninguna privatización de servicios públicos ni sectores estratégicos. Aprobamos. Ahora la pregunta es, ¿tiene credibilidad?

Políticas de control de precios y la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad, que hacen los intermediarios y abuso de precios en los productos industrializados en las cadenas de supermercados.

Básicamente, piden que las super cadenas dejen de aprovechar su situación de monopsonio (único consumidor) sobre el mercado en competencia que es la agricultura, pues el margen de ganancia de las maxi distribuidoras sería mucho mayor que el del agricultor. Esa primera parte pide básicamente que se termine con lo que en regulación de la competencia llaman “abuso de posición dominante”, y es comprobado que económicamente es bueno para los mercados y la competencia.

Por otro lado, el control de precio a los productos industrializados parece peligroso pues estos suelen ser de importación. El alto precio se debe a la gran diferencia en disposiciones a pagar de la población (artículo), por lo que en este caso el control de precios más probablemente dé nacimiento a un mercado negro y al desabastecimiento de los mercados, igualmente, la respuesta del economista siempre es DEPENDE, y en este caso depende de a qué productos industriales se refieran.

Ante esto el gobierno promete intensificar los controles de precios (bien o mal dependiendo los productos), no permitir la especulación en precios de víveres y productos, y, por último, y lo más importante, no firmar ningún tratado de libre comercio. En cuanto a las dos primeras no tengo suficiente información para opinar. En cuanto a lo último, cada tratado merece su propio análisis, pues algunos pueden favorecer hasta a los mismos campesinos (aunque por regla general no lo hagan). Es una limitante a la integración regional. No aprobamos ni desaprobamos, queda en veremos.

Presupuesto urgente frente al desabastecimiento de los hospitales por falta de medicinas y personal. Garantizar el acceso de la juventud a la educación superior y mejoramiento de la infraestructura en escuelas, colegios y universidades.

No tengo objeciones a este pedido, no hay que ser economista para entender la importancia de la salud y la educación. En este caso la pregunta no es qué sino cómo. El gobierno declaró en emergencia la salud pública para gestionar más rápido las medicinas e insumos. Aprobamos, aunque en este punto tal vez falte ceder un poco más.

Finalmente, seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crimen organizado que mantiene en zozobra al Ecuador.

Nuevamente un pedido necesario, relacionado a todo lo demás, pues un Estado más justo y menos desigual es menos inseguro, eso en el largo plazo. En lo que a policía respecta, veremos si luego del paro son tan duros con los delincuentes como lo son con los manifestantes, pues es para los primeros que en teoría se había aprobado la “ley de uso legítimo de la fuerza”. La inseguridad se ha vuelto un tema que preocupa a todas las familias del país, nuevamente la pregunta no es qué sino cómo.

El gobierno está aplicando un plan de seguridad, impuso un estado de excepción disque para frenar las cifras de la violencia, gestionó apoyo internacional para combatir el narcotráfico (ya sabrán muchos como le fue al Plan Colombia) y recibió apoyo del estado (genocida) de Israel. No parece una política integral de seguridad, sino de represión; espero equivocarme.