8 de marzo: para ellas, todos los días son días de lucha

En la década de 1960, con la Ley nº 4.212/1962, las mujeres casadas pudieron trabajar sin pedir permiso a sus maridos (aunque ya trabajaban desde la República Velha). La ley del divorcio fue aprobada recién en 1977. A partir de los años 80, comenzó la elaboración de políticas públicas enfocadas en cuestiones de género. La primera comisaría de la mujer fue creada en 1985 en São Paulo. Solo con la Constitución Federal de 1988, las mujeres pasaron a ser consideradas iguales a los hombres. El artículo 5, inciso I, afirma que “hombres y mujeres son iguales en derechos y obligaciones”. A pesar de esto, hasta 2002, los hombres podían solicitar la anulación del matrimonio si la esposa no era virgen. Esto cambió con el nuevo código civil aprobado el 10 de enero de 2002 (Ley 10.406).

En 2006, se aprobó la Ley Maria da Penha (11.340/2006), cuyo objetivo era crear mecanismos más eficientes para prevenir y combatir la violencia doméstica. Según la ley, la violencia doméstica contra la mujer es considerada un delito, y corresponde a las autoridades competentes instituir medidas de protección para la víctima y el alejamiento de los agresores. El objetivo no es solo aumentar las penas por los delitos cometidos, sino evitar que la mujer sufra violencia doméstica. Además de la violencia física y sexual, se consideran formas de violencia: la psicológica, la patrimonial y el acoso moral. Antes de 2006, los casos de violencia doméstica formaban parte de los juzgados especiales criminales.

Otro hito importante y motivo de tantas protestas por parte de clases más privilegiadas fue la PEC de las empleadas domésticas, aprobada en 2013, que garantizó el reconocimiento de sus derechos como clase trabajadora (salario mínimo, jornada de 44 horas semanales, licencia de maternidad, vacaciones y otros).

En 2015, se aprobó la ley del feminicidio (13.104/2015), que incluyó el feminicidio en la lista de crímenes hediondos. ¿Pero qué es el feminicidio? Es cuando ocurre un asesinato por motivos de género, es decir, la violencia doméstica gana más visibilidad. Sin embargo, es importante recordar que aumentar las penas no resuelve el problema; se necesitan políticas públicas y acciones más concretas para proteger a las mujeres. Según datos del Foro Brasileño de Seguridad[8], en 2022, ocurrieron 1.437 feminicidios en el país (un aumento del 6,7% en comparación con 2021). En relación con el número de violaciones, hubo un crecimiento del 9,7%, totalizando 65.569 víctimas.

En 2018, el acoso sexual pasó a ser considerado un delito (Ley nº 13.718/2018). Finalmente, en 2021, la Ley 14.192/21 estableció normas para prevenir y combatir la violencia política contra la mujer durante el ejercicio de los derechos políticos o de las funciones públicas de las mujeres.

Sin embargo, Brasil, a pesar de los avances en las últimas décadas[9], aún puede ser considerado un país bastante machista y conservador. Incluso, en los últimos años, ha habido un fortalecimiento de movimientos conservadores[10] que buscan atacar al movimiento feminista.

Uno de los ejemplos más recientes fue la aprobación de la PEC 164/2012 por la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) en noviembre de 2024, que pretende eliminar la posibilidad del aborto legal en el país. Según la Constitución Federal de 1988, el aborto está permitido cuando hay riesgo de vida para la gestante, en caso de fetos anencefálicos o embarazo producto de violencia sexual.

Aunque las mujeres brasileñas han conquistado victorias importantes en relación con el mercado laboral y otros derechos sociales, la crisis social y económica, junto con la pandemia, mostró que ellas fueron mucho más afectadas que los hombres. Según un estudio del IPEA (2021), la pandemia y el uso del teletrabajo intensificaron aún más las desigualdades de género. Las mujeres perdieron mayor participación en el mercado laboral en 2020. En el segundo trimestre de 2019, la tasa de ocupación de las mujeres era del 46,2%, mientras que la de los hombres era del 64,8%. En 2020, la participación de las mujeres cayó al 39,7%, y la de los hombres pasó al 58,1%. Por lo tanto, la crisis económica y social tiende a agravar las desigualdades de género en Brasil (que se refiere al acceso desigual en el ámbito económico, social, político y cultural).

Según el IBGE, en 2022, la tasa de ocupación en el mercado laboral de las mujeres con hijos de hasta 6 años de edad fue del 56,6%, mientras que la tasa de ocupación de las mujeres sin hijos fue del 66,2%. En relación con las mujeres negras o mestizas con niños de hasta 6 años de edad, los niveles de ocupación son aún menores: 51,7%, mientras que la tasa de ocupación de las mujeres blancas correspondía al 64,2%. En el caso de las mujeres sin hijos, la tasa de ocupación de las mujeres negras y mestizas era del 62,4%, y la de las blancas fue del 70,8% en ese mismo período. Estos datos muestran que la desigualdad de género y raza en Brasil es muy fuerte.

En relación con los ingresos, en 2022, las mujeres recibieron el 78,9% de los ingresos de los hombres (IBGE, 2024). En ese mismo período, analizando la población de más de 25 años, se observa que el 35,5% de los hombres no tenían ningún grado de instrucción o solo tenían la primaria incompleta, mientras que para las mujeres esa proporción era del 32,7%. La proporción de personas con nivel superior completo fue del 16,8% entre los hombres y del 21,3% entre las mujeres.